¿Existe en México una democracia?
Desde que el Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, enviara al Congreso Estatal la iniciativa de modificar el código penal para incluir la figura de perturbación del orden público como delito menor (abarcando contenidos publicados vía redes sociales) el pasado 5 de septiembre, diversas comunidades y redes en internet han expresado su repudio. El principal medio de exposición es Twitter, con hashtags como #LeyJavierDuarte, #twitteroristas y #twitterxslibres mostrando la preocupación y enfado por parte no sólo de Veracruzanos, sino de ciudadanos en todo el país. Este 20 de septiembre, el Congreso del Estado de Veracruz, con 33 votos a favor y 14 en contra, aprobó la tipificación de la “Ley de Perturbación del orden público” con una sanción de entre 3 y 30 años de cárcel, con libertad de salir bajo fianza de 500 a 1000 días de salario mínimo.
Es de carácter imperativo recalcar que el origen oficial de esta situación fue la inexistencia de un establecimiento en el código penal para la detención legal de la periodista María de Jesús Bravo Pagola, alias “Maruchi” y el activista social Gilberto Martínez Vera, acusados de terrorismo por provocar psicosis a causa de un supuesto rumor publicado vía sus respectivas cuentas en Twitter. El estado actual de esta nueva Ley, cuyo avance temporalmente sólo oficializa lo referente a rumores relacionados con “la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas”, es una advertencia de la retrógrada dirección que se prevé tomará el poder Legislativo del Estado.
Fuera de las numerosas contradicciones y habituales huecos legales que envuelven a esta Ley, el principal problema que representa su aprobación es la nulidad del ejercicio de la democracia. Aunque teóricamente 33 votos a 14 reflejan claramente una elección con base en este sistema, es imposible hacer caso omiso de las millones de menciones (predominantemente en forma de quejas) por parte de ciudadanos sobre el tema en Twitter, al punto de convertirle en “Trending Topic” nacional. Si la función de los Diputados y el Gobierno son representar y ejercer los intereses del pueblo, estas claramente no se cumplieron. Legalmente se podrían esconder detrás de que lo expresado en redes sociales por organismos no oficiales no se trata como materia oficial. De ser así, ¿por qué hay dos personas detenidas y por qué la implementación de otro parche a la Constitución? Si por algo se caracterizan estas redes y la Web 2.0 en general, es por la libertad de expresión y contribución (ya sea positiva o negativa) de todo individuo al conocimiento general. La aprobación y más que probable evolución de esta Ley, lejos de tener verdaderos fines de seguridad pública, extiende el veto del Gobierno sobre el control mediático al último medio inmaculado.
