La hija menor del rey de España tendrá que presentar declaración en los tribunales en calidad de imputada por su vinculación directa a las entidades que presidía su marido, Iñaki Urdangarín, que incurrieron en actos ilegales y desvío de fondos públicos por más de 5.8 millones de euros. El caso, denominado Nóos, está abierto desde hace más de un año, y pocos creían que un miembro de la realeza se viera salpicado legalmente en estos delitos.
El juez José Castro la citó a declarar a raíz de unos correos electrónicos dejan entrever que la Infanta estaba al tanto de las operaciones de su marido.
El auto recoge que la infanta tuvo que dar su consentimiento para que apareciera su nombre, tratamiento y cargo en una fundación con la que su esposo presuntamente se enriqueció. “Todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga (secretario de la infanta) era la de una utilitarista figuración”, dice el auto.
“Surgen una serie de indicios que hacen dudar”, añade el texto, que argumenta que la declaración de la hija del jefe de Estado es clave para cerrar la instrucción del caso.
