Uber es una aplicación que ofrece el servicio de transporte privado, la cual ha funcionado de manera excelente en Estados Unidos. Sin embargo, en México, grupos de taxistas se han opuesto a la misma, aunque aparentemente se ha podido llegar a un acuerdo.
En ese sentido, la compañía tuvo que pagar una fianza al gobierno del Distrito Federal del 1.5% de las ganancias que tenga con la excusa de usarlo como un fondo de movilidad para mejorar el transporte publico, servicios peatonales y otros servicios relacionados. Además va a pagar Impuesto Sobre la Renta.
Por otro lado, Uber tendrá que compartir sus bases de datos con el gobierno del Distrito Federal, ubicaciones y teléfonos.
Algo que llamó mi atención en el ajetreo mediático que ocurrió hace algunas semanas fue el argumento de que los conductores que prestarán sus servicios a través de la APP no poseen una licencia especial ni han presentado un examen de habilidades, algo que, supongo, tampoco se ha aplicado con seriedad a muchos choferes y conductores del transporte público en diferentes entidades del país.
Pero. ¿qué podemos esperar? Muchos políticos mexicanos son adictos al dinero.
