El mes pasado, la administración del Presidente Trump ordenó una política de «cero tolerancia» hacia la inmigración ilegal. Desde entonces se ha separado de sus familias a más de 2 400 niños y niñas menores de 12 años, quienes son enviados a centros de detención para menores. Al llegar a los Estados Unidos con la intención de pedir asilo, los padres son detenidos, sus hijos les son arrebatados y sus documentos se mantienen en stand by.
A pesar de que el tema ya había estado recibiendo atención internacional, la situación causó aun más conmoción hace pocos días, cuando se descubrió la presencia de bebés de pocos meses en los centros de tender age (edad tierna), como les denomina el gobierno norteamericano. Millones de personas han reclamado al gobierno tanto el hecho de separar a las familias, como la situación en que se encuentran los centros de detención de menores, que incluyen un Wal Mart abandonado y una «villa» de casas de campaña, donde los niños son recluidos en jaulas.
Responsabilidades del gobierno estadounidense
De acuerdo al tratado internacional firmado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, Estados Unidos aceptó, y por tanto está obligado, a examinar la situación de quien busque refugio en su país y a determinar si cae dentro de la categoría de «refugiado». De ser así, es su deber recibirlos, siempre y cuando se respete el límite de admisiones determinado por el presidente en turno. A finales del gobierno de Obama, este era de 110 000 admisiones al año; con Trump, el límite bajó a 45 000 admisiones al año.
Al detener a los solicitantes de refugio y separarlos de sus hijos, las bases sentadas en la Convención de 1951 se rompen por completo. Mientras no todos quienes llegan a Estados Unidos migrando de Centroamérica cumplen con el perfil de refugiados, muchos de ellos lo son. Incluso de no serlo, cruzar la frontera de manera ilegal no es un crimen que requiera el encarcelamiento, al ser un delito de menor cuantía.
