El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido objeto de una medida de prisión preventiva ordenada por el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, en el marco del proceso en el que fue condenado a 27?años de prisión por intentar subvertir el orden democrático.
Aunque la sentencia ya fue dictada el 11?de?septiembre de?2025, el ingreso efectivo a prisión aún no se había concretado, pues la defensa del exmandatario apelaba la decisión con argumentos de salud y edad avanzada. La reciente orden de detención responde al incumplimiento de medidas cautelares —entre ellas el uso de una tobillera electrónica— y al riesgo que, según el tribunal, representa para la seguridad pública la permanencia de Bolsonaro en régimen domiciliario.
Según informes, la Policía Federal brasileña acudió a su residencia en Brasilia para ejecutar la orden de arresto, cumpliendo la decisión del tribunal. Asimismo, la defensa había solicitado que él continuara en arresto domiciliario por razones humanitarias, alegando que un traslado a prisión “pondría su vida en riesgo”.
En cuanto a las implicaciones de esta medida, aunque la prisión preventiva no constituye aún el comienzo formal del cumplimiento de la condena, sí marca un giro sustancial en el trámite del proceso y reduce las opciones de que Bolsonaro permanezca en su domicilio sin ingresar a un centro penitenciario.
El tribunal había establecido que de los 27?años de condena, al menos 24 deben cumplirse en régimen cerrado, lo que incrementa la presión sobre la defensa del exmandatario. La maniobra de trasladarlo a prisión responde a un marco más amplio de sanciones contra los intentos de golpe de Estado y de salvaguarda del Estado de derecho en Brasil.
Este nuevo episodio judicial se produce en un contexto de profunda polarización política en Brasil y América Latina, donde la condena de Bolsonaro y sus consecuencias han generado tanto apoyo como rechazo.
