Las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos entraron en una nueva fase de tensión luego de que Washington restableciera sanciones a la industria petrolera y financiera venezolana, al considerar que el régimen chavista incumplió los compromisos democráticos asumidos en los Acuerdos de Barbados.
Según el Departamento de Estado, el gobierno venezolano no garantizó condiciones mínimas para un proceso electoral competitivo, incluyendo la habilitación de candidatos opositores, el fin de la persecución política y la presencia de observación internacional independiente. Ante la falta de avances, Estados Unidos decidió revertir licencias y flexibilizaciones que había otorgado a PDVSA para estabilizar el mercado petrolero global durante el último año.
En respuesta, Nicolás Maduro acusó a Washington de “chantaje y agresión económica”, y reforzó sus alianzas con Rusia, China, Irán y Cuba, países que se han convertido en su principal red de respaldo ante el aislamiento diplomático occidental. Para el gobierno venezolano, las sanciones buscan “desestabilizar” al país y afectar la organización de las próximas elecciones.
Uno de los puntos más sensibles para Estados Unidos es la crisis migratoria: más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, constituyendo el mayor desplazamiento humano del hemisferio. Para la administración estadounidense, la cooperación mínima con Caracas es indispensable para contener los flujos migratorios, especialmente en un contexto electoral interno donde la frontera es un tema central.
Expertos internacionales señalan que la relación entre Caracas y Washington se mantiene en un delicado equilibrio: mientras EE.UU. presiona por reformas políticas, el gobierno de Maduro busca sobrevivir apoyándose en aliados geopolíticos y utilizando la narrativa antiestadounidense como herramienta interna. Todo indica que la pugna se prolongará, en un escenario donde confluyen energía, seguridad hemisférica, migración y disputas de poder global.
