La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en contra de su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos delitos federales que incluyen tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, luego de que la existencia de la indagatoria trascendiera en medios y redes sociales en días recientes. La mandataria estatal, en una conferencia de prensa celebrada el 21 de enero de 2026, sostuvo que la denuncia que dio origen al expediente fue presentada de forma anónima y reiteró su confianza en que las autoridades federales actuarán con seriedad y conforme al marco legal vigente para esclarecer los hechos.
Marina del Pilar explicó que el proceso se encuentra bajo la jurisdicción exclusiva de la FGR, órgano autónomo encargado de las investigaciones de carácter federal, y enfatizó que corresponde a esa institución determinar la veracidad de los señalamientos y deslindar responsabilidades si así lo amerita. La gobernadora evitó emitir juicios sobre la culpabilidad o inocencia del exdiputado y exfuncionario estatal, remarcando que cualquier intervención de su parte o de las autoridades estatales sería impropia dado que se trata de una investigación federal en curso.
Carlos Torres Torres, quien fue pareja de Marina del Pilar y con quien contrajo matrimonio en 2019 antes de que la mandataria anunciara su divorcio en octubre de 2025, también reconoció la existencia de la indagatoria. A través de un comunicado público difundido el mismo día, el exesposo minimizó las acusaciones al afirmar que la investigación derivó de una denuncia anónima sin rostro y que no se trata de un caso basado en hechos comprobados. En su posicionamiento, Torres Torres manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier señalamiento y defendió su inocencia, subrayando que no tiene nada que ocultar mientras se desarrolla el proceso federal.
De acuerdo con reportes periodísticos que han circulado en medios nacionales, la carpeta de investigación ante la FGR estaría relacionada con la presunta vinculación de Torres Torres con una estructura criminal que operaría en la región, y que incluiría actividades de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. Algunas versiones señalan que el exfuncionario habría recibido pagos por parte de terceros para facilitar operaciones de grupos delictivos en el estado, así como la posible participación de familiares en la administración de recursos ilícitos a través de empresas fachada, aunque estas informaciones aún no han sido confirmadas oficialmente por la Fiscalía ni han sido objeto de imputaciones formales.
El caso ha generado ya reacciones en el ámbito político y social. Activistas y representantes de organizaciones civiles han exigido mayor transparencia en torno al desarrollo de la investigación y han planteado la necesidad de que las autoridades garanticen un proceso imparcial que permita mantener la confianza pública en las instituciones. Algunos sectores han pedido incluso que la gobernadora considere su permanencia en el cargo ante la magnitud de las acusaciones que involucran a su exesposo, argumentando que la situación impacta en la percepción de integridad de la función pública en la entidad.
La confirmación de la existencia de una investigación por parte de la FGR se produce en un contexto de constante escrutinio sobre la gestión de autoridades estatales y federales en materia de seguridad y combate a delitos de alto impacto. La gobernadora Ávila Olmeda ha subrayado en reiteradas ocasiones su respaldo al trabajo de las instituciones de procuración de justicia y ha señalado que cualquier persona, independientemente de su relación personal con servidores públicos, debe responder ante la ley si existen indicios de responsabilidad en conductas delictivas.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido comunicados oficiales detallados sobre el estado de la investigación ni han presentado imputaciones formales ante tribunales, por lo que el caso continúa en la fase de indagatoria. El desarrollo de este proceso será observado de cerca por actores políticos, medios de comunicación y la sociedad en general, dado que involucra a figuras públicas de alto perfil y la atención se centra tanto en la legalidad de las actuaciones como en la transparencia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
