Para los medios comerciales, la posición de villano social y enemigo de la democracia ha sido ocupada recientemente por el Instituto Federal Electoral luego de, “sorpresivamente”, “prohibir” los debates entre precandidatos a la Presidencia de la República y toda entrevista en la que se toquen temas relacionados. Tanto actores políticos como reporteros a nombre de sus respectivas empresas noticieras, han salido a voces de llamar las acciones máximo del organismo regulador del sistema político que rige a este país “atentados contra la libertad de expresión”.
¿Cómo se justifican? Lo lógico sería estar de acuerdo con ellos, ya que supuestamente su intención es transparentar y exponer a los votantes los ideales, propuestas y posturas de todos los posibles futuros presidentes de México. Acusan al IFE de repentinamente bloquear con veto esta difusión de actos políticos. Sin embargo, tanto partidistas como periodistas carecen de descaro al insultar la inteligencia o abusar de la ignorancia de los ciudadanos, pues esta medida reglamentaria había sido implementada ya desde 2008 con la intención de prevenir la falta de objetividad en los filtros mediáticos vividos en las precampañas previas a las elecciones de 2006. Es decir, quien tenía que saber, ya sabía (y desde hace rato).
¿Qué sucede en realidad? El IFE prohibió la entrada de medios ajenos a los propios en debates entre precandidatos internos en los partidos. Esto se justifica con la realidad de que las elecciones de éstos se dictaminan finalmente por y con base a intereses del partido y no por el ojo y dedo público. Al entrar estos aspirantes al Poder Ejecutivo dentro de una categoría ajena a simplemente la ciudadanía, adquieren, al igual que un gran arsenal de derechos, una reducida pero existente lista de obligaciones y responsabilidades; entre estas últimas se encuentra la difusión de materia legal con respecto a cuestiones electorales fuera de marcos temporales decretados por el IFE.
¿De qué se quejan los medios? El verdadero motivo de enfado y objeción por parte de los quejumbrosos es en realidad el mismo motor que los ha empujado hacia estos puestos: el dinero. Emilio Azcárraga Jean mencionó que con estas “nuevas reformas” estaba “perdiendo” 36 millones de pesos. En realidad, estos son 36 millones que simplemente no tenía y ya no estaría ganando. ¿Cómo puede ser esto? En el mundo de la difusión mediática funciona prácticamente igual un asesor de imagen que el reportero estelar de la empresa de información: todo es un negocio. El político compra (con dinero del Estado) tiempo al aire para “presentar sus propuestas y propósitos”, que es una manera diplomática de decir “que le hagan la barba y criticar al otro”. El IFE resolvió que los debates que efectivamente se consideren a difusión popular serán de acceso a los medios, pero haciendo uso del tiempo oficial que debe dedicar cada uno a la campaña política por Ley; es decir, sin que a Televisa o a Tv Azteca se le pague (ya que es tiempo del Estado).
Si algo debemos tomar en cuenta los votantes con base en estos acontecimientos, es qué políticos y qué periodistas están “alarmados” con esta situación, ya que son quienes juegan al “pago-por-evento” de la imagen pública.
