El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la aprobación de la reforma migratoria por parte del Senado de los Estados Unidos y dio la bienvenida al avance que significa para 11 millones de indocumentados que podrían obtener su legalización.
Asimismo, manifestó su confianza para que “impere una visión compartida sobre el valor de los vínculos entre las sociedades, las complementariedades económicas en América del Norte, y el desarrollo de una frontera más moderna y eficiente”.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la aprobación de una reforma migratoria tendría el potencial de mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que viven actualmente en Estados Unidos.
Además de que se generaría un ambiente más favorable para su desarrollo y el respeto a sus derechos, así como para potenciar sus significativas contribuciones a las comunidades donde residen.
En este sentido, la Cancillería aseguró que el Gobierno de México ha transmitido a actores clave de Estados Unidos su convicción de que los marcos legales en la materia deben reflejar la realidad demográfica de la región.
“Ha expresado también que aquellas medidas que afectan los vínculos entre las comunidades se alejan de los principios de responsabilidad compartida y buena vecindad que ambas naciones han acordado impulsar. México considera que las políticas públicas deben ser coordinadas para impulsar la competitividad, la creación de empleos y el bienestar social de los dos países”, agregó.
Legalización de indocumentados
El proyecto abre tres vías de legalización. Los indocumentados tendrán un año para optar por una de esas opciones, una vez la ley sea promulgada.
Para los que puedan demostrar que estaban de forma continuada en Estados Unidos entre el 31 de diciembre de 2011 hasta la fecha en que presentaron su demanda, el requisito será inscribirse y pagar inicialmente 1,000 dólares de multa. En general deberán esperar diez años para obtener la ‘tarjeta verde’ o residencia legal, aunque podrán trabajar si el gobierno aprueba su estatuto provisional.
Los que demuestren que entraron en el país con menos de 16 años (conocidos como ‘dreamers’, soñadores) estarán exentos de multa y tendrán un camino especial, más rápido, de cinco años, para lograr la ‘tarjeta verde’. Si se alistan en las Fuerzas Armadas pueden obtener inmediatamente la ciudadanía.
Los trabajadores agrícolas que puedan demostrar que estuvieron empleados ilegalmente podrán lograr una ‘tarjeta azul’, válida solo por ocho años, bajo previa multa de 1,000 dólares. Tras cinco años pueden solicitar la ‘tarjeta verde’.
Las autoridades calculan que a finales de 2011 vivían en Estados Unidos unos 11.5 millones de extranjeros indocumentados, de los cuales un 9% son menores de 18 años.
Todas esas personas no tendrán acceso a beneficios sociales como Seguridad Social, o programas sanitarios como Medicaid o Medicare, mientras dure su estatuto provisional.
Todo este proceso de legalización de millones de personas estará oficialmente supeditado a las condiciones de seguridad en la frontera.
-Seguridad en la frontera con México y controles laborales
El proyecto 744 tal y como fue enmendado esta semana contempla duplicar los efectivos de la Patrulla Fronteriza, es decir aumentar en cerca de 21,000 agentes, con un coste que según la Oficina de Washington para América Latina, una organización independiente, podría superar los 30,000 millones de dólares en una década.
El texto estipula igualmente que se debe completar y reforzar la actual valla, que fue aprobada en 2006 y ya cuenta con cerca de 1,000 km, a un total de 1,120 km, lo que significaría un tercio de la frontera de poco más de 3,100 km que separan Estados Unidos de México.
El proyecto contempla además la construcción de 86 torres de vigilancia, 286 cámaras fijas, 232 sistemas de vigilancia móviles, 4,595 nuevos sensores, cuatro aviones no tripulados (drones), más de 27 nuevos helicópteros, entre ellos 10 Blackhawk, 30 navíos, y una larga lista de artilugios tecnológicos, según detalló la oficina de uno de los legisladores involucrados en la reforma, el republicano Marco Rubio.
Para pasar a la etapa de legalización de los indocumentados el Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe certificar ante el Congreso que ese despliegue humano y tecnológico permite capturar o disuadir al 90% de los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente.
No hay estimaciones oficiales sobre el número de personas que consiguen cruzar sin ser detenidas, ni sobre las que desisten, pero el Centro Pew Hispano calculó hace dos años que en 2000 cerca de un millón de personas conseguía entrar en Estados Unidos ilegalmente, mientras que una década después ese número había disminuido a unas 300,000 personas.
Controles laborales: la ley S744 obliga a todos los empresarios a inscribirse en un programa hasta ahora voluntario, conocido como E-Verify, para controlar electrónicamente el estatuto migratorio de un trabajador. El E-Verify será implementado a lo largo de cinco años.
Inmigración legal
El proyecto S744 cambia sustancialmente el sistema de inmigración a Estados Unidos, que pasaría a estar dominado por las necesidades laborales del país, en lugar de la reunificación familiar.
Actualmente el sistema concede unas 140,000 visas al año, y el CBO calcula que ese monto llegaría a 400,000 en 2023.
El nuevo sistema de inmigración incrementaría las visas para trabajadores cualificados (como ingenieros o médicos) y también para los licenciados extranjeros que obtengan una oferta de trabajo cuando acaben sus estudios universitarios en Estados Unidos.
Se eliminaría el límite de 5,000 visas anuales para los trabajadores no cualificados y se crearía una nueva categoría para trabajadores no cualificados no agrícolas, aunque con un límite y tres años renovables.
Para los trabajadores agrícolas, se eliminaría el programa actual y se crearían dos categorías: una para los que tengan un contrato escrito y otro para los que tengan una oferta de empleo. El límite igualmente sería de tres años renovables, sin derecho a traer esposas ni hijos.
El proyecto S744 además eliminaría las loterías de ‘tarjetas verdes’.
