La organización Greenpace México manifestó a través de un comunicado en su portal electrónico que el gobierno de Enrique Peña Nieto menosprecia el medio ambiente.
Un nuevo derrame de petróleo se registró en el estado de Veracruz después de que el mes pasado ocurrieron cuatro incidentes relacionados con la industria petrolera y minera en varios estados de la república, los cuales ocasionaron severos daños al medio ambiente. Los siniestros, en algunos casos, pusieron en peligro a poblaciones.
En primer lugar, autoridades del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, denunciaron un nuevo derrame de petróleo por una presunta toma clandestina que contaminó un río y dejó varias especies de animales muertos.
Asimismo, a lo largo del mes de agosto, se sucedieron incidentes en Sonora, Nuevo León, Durango y Tabasco debido a fallas técnicas y tomas clandestinas.
El primero de ellos se registró el 7 de agosto en el estado de Sonora, donde un derrame ocasionado por una falla en una tubería envió 40 mil metros cúbicos (unos 10 millones de galones) de ácidos y metales pesados a dos ríos y a la presa que surte de agua a la capital de Sonora.
Al momento del incidente, la empresa minera Buenavista (de Grupo México) había informado que el derrame fue ocasionado por una lluvia inusual, pero posteriormente la Semarnat desmintió esta declaración.
El siguiente incidente sucedió tres días después cuando se registró un derrame de dos mil metros cúbicos de cianuro vinculado con el trabajo de la mina Proyecto Magistral, ubicada en el municipio de El Oro, en Durango.
La empresa causante del derrame abarcó 400 metros cuadrados de suelo natural, según indicó la Profepa, pero no reportó riesgos o peligros para la población humana, ni para las especies animales y la flora.
Asimismo, el 16 de agosto, se registró un derrame de petróleo crudo en el río San Juan de Nuevo León que fue provocado por una toma clandestina en el oleoducto Maedero-Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por último, en la noche del viernes 22 de agosto, se registró una fuga de gasolina en una toma clandestina de ductos de Pemex en el ejido Pico de Oro en Huimanguillo, Tabasco, que se extendió por tres hectáreas de terreno.
Ante estos hechos, la asociación internacional Greenpace indicó en un comunicado que «estos casos son solo la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de “reparación del daño”, sin que se tomen en cuenta las externalidades»
